En este sentido, vemos cómo un año después del inicio de la guerra, la situación económica de Europa sigue expandiendo el descontento popular ante la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, desencadenado por la presión inflacionista.

Especialmente grave es el caso de Reino Unido, que tras el Brexit se está enfrentando con un grave problema de subida de los precios. El IPC subió en diciembre hasta el 10,5%, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS), por lo que permanece en máximos de 40 años, con los alimentos básicos presionando con fuerza al alza.

Aunque la situación es ligeramente mejor en los países de la Unión Europea, con una inflación que se ha situado en el 9,2% en diciembre del 2022, esta cifra sigue siendo elevadísima si consideramos que antes de la pandemia la inflación se situaba en un 0,9% (diciembre de 2019) y había permanecido prácticamente estancada a lo largo de la última década.

El principal problema al que se han enfrentado los países europeos el último año ha sido el alza en los precios de la energía agravado tras el inicio de la guerra en Ucrania que, aun con las medidas que han tomado algunos gobiernos, ha afectado gravemente a la vida del conjunto de la mayoría social. La insatisfacción que genera esta coyuntura ha llevado a que haya habido durante estos meses, huelgas, protestas y manifestaciones por la geografía europea.

Como punto de partida hay que recordar que en noviembre del año pasado, encontrábamos un momento del que podemos extraer enseñanzas, la gran movilización de Roma, donde más de 100.000 personas se manifestaron a favor de la paz en Ucrania. Las claves de éxito están claras, una plataforma convocante unitaria y plural compuesta por más de 600 entidades de la sociedad civil (partidos de la izquierda, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones pacifistas, etc.) que recogían y representaban las aspiraciones favorables a la paz de la mayoría social y un discurso que enlazaba un alto al fuego inmediato con incorporación de los componentes del pensamiento pacifista (el desarme nuclear, la contención de gasto militar y la reivindicación del diálogo y la diplomacia en la resolución de los conflictos), junto a un llamamiento a las Naciones Unidas para que se implicaran en la tarea de crear las condiciones para el inicio de unas negociaciones capaces de conducir a una salida diplomática al conflicto.

No obstante, cuatro meses después, y todavía atravesando el duro invierno, el escenario económico y social lleva a que las actuales movilizaciones se estén canalizando en el ámbito de las mejoras de las condiciones de vida, hacer frente con urgencia al aumento de precios de los alimentos básicos y de la energía. En este sentido, en Francia, la situación es extremadamente tensa desde que el gobierno de Macron puso encima de la mesa la reforma de pensiones. Como respuesta, la CGT (principal sindicato de clase francés), que ya había impulsado las protestas para impedir el suministro de combustibles en tres refinerías, volvió a ponerse al frente. Convocó una huelga de 48 horas el pasado 26 de enero, una jornada de protesta el 31 de enero y otra huelga de 72 horas el 6 de febrero. Una vez más, la clase trabajadora francesa se levantó para contraatacar un gobierno neoliberal que quieren imponer medidas para que la crisis recaiga sobre los humildes.

Muy cerca, en Alemania, el panorama al que se enfrenta el gobierno de Olaf Scholz (alianza de socialdemócratas y Verdes) no es mucho mejor, con el fuerte sector agrícola en las calles denunciando el aumento en los precios de los combustibles y las políticas del gobierno alemán, que están provocando que las multinacionales sobreexploten los recursos naturales, a la vez que los productores se ven impedidos de vender sus productos en un mercado que tiende a la concentración.

Esta situación provocó que a finales de enero, cientos de agricultores y ecologistas se manifestaran en Berlín, frente a la Puerta de Brandenburgo, demandando al Gobierno federal una política agrícola y alimentaria justa. Los manifestantes exigieron que se garantizaran precios justos al productor, además de aumentar las ayudas sociales destinadas a hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra.

En Italia también sigue la estela de las protestas. Los sindicatos de las gasolineras anunciaron una huelga en protesta por la falta de medidas ante el encarecimiento de los carburantes y por lo que consideran una campaña de difamación en su contra por parte de Giorgia Meloni, que los quiere como diana del descontento popular por los precios de los combustibles.

Un importante descontento que se suma a que por parte del Gobierno Meloni no se renovara la reducción en los impuestos especiales aplicados en cada litro de carburante, una medida que fue introducida por el anterior presidente, Mario Draghi, y que Meloni se había comprometido a mantener.

Por último, volviendo al otro lado del canal de la Mancha, vemos cómo Reino Unido también se ha visto paralizado por una nueva serie de protestas durante el mes de enero por parte de los y las trabajadoras del sector sanitario, que exigen una revisión salarial que compense el aumento de los costes de la vida y por el desabastecimiento causado por la caótica aplicación del Brexit. Las consecuencias derivadas de la salida de la UE se han visto agravadas por la pandemia y por la guerra en Ucrania. Para tener presente la realidad del conflicto social, hay que destacar el dato de que sólo las huelgas del pasado mes de diciembre habrían llegado a un computo de alrededor de un millón de días de trabajo.

Ante esta creciente efervescencia social, que no se daba desde las reformas neoliberales de Margaret Thatcher, el gobierno de Rishi Sunak quiere presentar un proyecto de una ley “antihuelga”, un claro ataque a los derechos de la clase trabajadora, buscando una respuesta antipopular y represiva frente a las protestas sociales.

Hay que situar que a finales de enero los sindicatos británicos Unite y Unison también anunciaron el inicio de nuevas paros de los y las trabajadoras del sector de las ambulancias. Los miembros de Unison están en huelga en cinco servicios de ambulancia y dos hospitales en Liverpool, mientras que los miembros de Unite están en huelga en varias zonas de Reino Unido. En enero varios sindicatos, entre los que se incluyen los de conductores de trenes y trabajadores médicos, también anunciaron nuevas huelgas en febrero y marzo.

Así, el gobierno de Sunak tiene que enfrentarse a la creciente fuerza de los sindicatos ingleses, así como a la marea de apoyo por parte de la ciudadanía inglesa, ya que más del 50% de la población apoya las huelgas por parte del sector sanitario, bomberos, profesorado y el personal de correos.

Este rápido repaso por Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, ejemplifica a la perfección cómo son la clase trabajadora y los sectores populares quienes sufren las consecuencias de las guerras. Por eso es imprescindible que las movilizaciones sean lo más unitarias y masivas posible, y enlacen las reivindicaciones inmediatas para obligar a los gobiernos a reforzar los servicios públicos e implementar las medidas de protección social para los hogares trabajadores con la exigencia de la paz y la salida dialogada a la guerra.

Un año después del inicio de la guerra de Ucrania, es el único camino para enfrentar las consecuencias de la inflación derivada de la guerra y cambiar la errática política que los gobiernos de los países de la UE han adoptado al subordinarse a la estrategia de prolongación del conflicto, que únicamente sirve a los intereses de Washington.

Un año después del inicio de la guerra, todavía estamos a tiempo.